El manejo de los residuos es una tarea que debe ser asumida por el responsable en cada una de las etapas, por lo que sería un error asignarla a los productores primarios.
EL CONSEJO de Ministros para la Sustentabilidad se pronunció a favor de impulsar un proyecto de ley destinado a regular el reciclaje en el sector productivo, denominado Responsabilidad Extendida del Productor. El objetivo de la propuesta es que las empresas fabricantes de determinados artículos e importadores de los mismos se hagan cargo del manejo de los residuos sólidos una vez que esos productos finalicen su vida útil. Entre estos, la iniciativa incluye los aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, diarios y revistas, medicamentos, neumáticos, plaguicidas, envases y embalajes, vehículos y baterías.
Toda política pública orientada a cuidar el medioambiente y, en este caso particular, a fomentar el desarrollo de una cultura del reciclaje en el país es bienvenida y debe promoverse, pues supone el cuidado del entorno y la promoción de un desarrollo ambientalmente sustentable. No obstante, hay que ser cuidadosos respecto de a quién se asignan las responsabilidades y cuáles son los incentivos que se despliegan para lograr ese propósito. Si no son los adecuados, pueden terminar provocando efectos no deseados o incluso contraproducentes. Todavía se requiere conocer mayores detalles del proyecto en cuestión, pero en principio parece equivocado que se atribuya a las empresas fabricantes la responsabilidad de la gestión de los desechos propios de sus productos, principalmente porque llevaría a que los consumidores no se sientan obligados a cumplir con su deber de dar un destino adecuado a los desechos de los productos que usan o consumen. Otro factor a tener en consideración con esta iniciativa es el costo adicional que tendrían que pagar los consumidores en caso que se aplique, algo que ya advirtió el Colegio Médico respecto de los remedios, que podrían subir de precio como consecuencia de la aplicación de la normativa de reciclaje que se pretende impulsar. Al mismo tiempo, es necesario considerar que el proyecto puede terminar desincentivando el uso industrial de material reciclable, pues algunas empresas podrían evitar recurrir a éste para no tener que hacerse cargo de los residuos finales.
En Chile, las personas generan, en promedio, un kilo de residuos diarios, de los cuales se recicla menos del 10%, cifra muy inferior a la de países desarrollados, y que debe motivar un esfuerzo en la educación de las personas y en la organización de la recolección de los residuos. Corresponde hacerlo de manera integral, incorporando a todos los actores: empresas, municipios, organismos estatales, agrupaciones sociales y personas naturales. Un primer paso a seguir es aprovechar la red de reciclaje informal que existe actualmente en Chile, creando un sistema que incentive el ingreso de nuevos actores a estas labores y que coordine el adecuado manejo de residuos sólidos en sus distintos niveles, desde el usuario que debe separar los productos que utiliza cuando los desecha, pasando por los recolectores, hasta aquellos que se dedican al tratamiento de esos productos. Una modalidad que debería ser explorada -y que es utilizada con éxito en otros países- es realizar el retiro diferenciado de la basura domiciliaria, de manera tal que los usuarios finales de los productos separen el material reciclable y que éste sea recogido por camiones especialmente dedicados para tal efecto y transportado a los centros de reciclaje.
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